FLORIDA: Solicitan pena de muerte contra dos Guatemaltecos

Los sospechosos confesaron voluntariamente los hechos durante los interrogatorios

De izquierda a derecha: Josué D. Méndez-Sales, de 26 años, y Pablo N. Cobón-Méndez.

WEST PALM BEACH, FLORIDA — El estado de Florida ha vuelto a colocarse en el centro del debate nacional sobre la pena de muerte, luego de que el fiscal general James Uthmeier solicitara la condena máxima para dos inmigrantes guatemaltecos acusados de múltiples abusos sexuales contra una niña de 7 años.

Los detenidos, Josué D. Méndez (26 años) y Pablo N. Cobón (23 años), fueron arrestados en West Palm Beach el jueves 31 de julio de 2025 y enfrentan cargos por abuso sexual agravado contra una menor de 12 años, según los registros del tribunal del condado de Palm Beach. Ambos se encuentran en detención sin derecho a fianza, luego de que la víctima revelara los abusos a sus cuidadores, lo que llevó a una investigación policial inmediata. De acuerdo con el jefe de la Policía de West Palm Beach, Tony Araujo, los sospechosos confesaron voluntariamente los hechos durante los interrogatorios. “Las pruebas y confesiones confirman que los delitos ocurrieron. Es un caso extremadamente grave”, declaró Araujo.

El caso ha provocado reacciones inmediatas desde el gobierno estatal

A través de sus redes sociales, el fiscal Uthmeier calificó las acusaciones como “más que horribles” y expresó su respaldo a que se aplique la pena de muerte en este caso en Florida:

“Cualquiera que cometa estos crímenes tan atroces debe rendir cuentas hasta la mayor extensión de la ley”, afirmó.

Este proceso ocurre en el marco de un año récord para Florida en materia de ejecuciones.

Con la ejecución del exmilitar Edward J. Zakrzewski el pasado jueves —quien asesinó brutalmente a su familia—, el estado alcanzó su novena ejecución en 2025.

Es una cifra que representa aproximadamente un tercio del total de ejecuciones en EE.UU. durante el año.

Además, en los últimos meses, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y legisladores republicanos han impulsado reformas legales que amplían los criterios para aplicar la pena de muerte.

Una de esas leyes permite solicitarla en casos graves cometidos por inmigrantes indocumentados, lo que podría ser relevante en este caso, dependiendo del estatus migratorio de los acusados.

El caso está generando inquietud entre defensores de los derechos de los inmigrantes

Organizaciones como ACLU Florida y Florida Immigrant Coalition Recuerdan que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a un juicio justo y a representación legal adecuada.

También señalan que el aumento en el uso de la pena de muerte puede tener un impacto desproporcionado sobre las comunidades inmigrantes.

Sobre todo si se les niega acceso a defensa oportuna.