Hombre de Texas sería el segundo acusado por no registrarse como inmigrante indocumentado

El proceso incluye proporcionar sus huellas dactilares y dirección, para todos los mayores de 14 años; no hacerlo se castiga hasta con seis meses de prisión

AUSTIN, TEXAS — El Departamento de Justicia acusó a un hombre migrante en un tribunal federal de West Texas por no registrar su estatus migratorio ante el gobierno federal.

La acusación surge después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva en enero que exige a los migrantes registrarse, basándose en una disposición poco utilizada de una ley de 1952. La orden ejecutiva instruía al secretario de Seguridad Nacional a “anunciar y publicar información sobre la obligación legal de todos los extranjeros no registrados previamente en Estados Unidos de cumplir”.

El caso de Texas es el siguiente luego del de un hombre en Arizona acusado a principios de mes por no registrarse.

El Departamento de Justicia acusó a Hugo Moreno-Méndez de dos delitos menores. Uno fue por negarse a proporcionar ADN y el otro por omisión deliberada de registro. El segundo cargo confundió al abogado de Moreno-Méndez.

“Nunca había visto un cargo como este”, dijo Lauren McLeod, quien ha ejercido la abogacía durante 17 años, los últimos ocho como penalista en Waco.

Moreno-Méndez está acusado de ingresar ilegalmente a Estados Unidos hace más de dos décadas y de no registrarse ante el gobierno federal. No está claro si su caso está relacionado con la orden ejecutiva de Trump, sin embargo, previamente no se exigía a los inmigrantes registrarse como indocumentados con el gobierno federal.

En febrero, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron la creación de un registro para las personas que se encontraban en Estados Unidos sin autorización. El DHS fijó el 11 de abril como fecha límite para que las personas cumplieran con la nueva norma. Cualquiera que no se registrara ante el gobierno federal podría ser procesado penalmente o multado.

Moreno-Méndez se presentó ante el Departamento de Libertad Condicional del Condado de McLennan el 13 de marzo, según los registros judiciales, y fue arrestado ese mismo día. Moreno-Méndez se encontraba en libertad condicional durante 12 meses tras ser condenado en septiembre por instalar ilegalmente un dispositivo de rastreo, según consta en registros judiciales locales.

Funcionarios del Departamento de Justicia indicaron en documentos judiciales que entró al país ilegalmente en 2004 “y que, voluntariamente, no presentó dicha solicitud o se negó a que le tomaran las huellas dactilares después de treinta días”. No registrarse se castiga con hasta seis meses de prisión.

Funcionarios del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito West Texas, donde su caso está pendiente, no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el martes por la tarde.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, afirmó que no registrarse constituye un delito. Añadió que la agencia no comenta sobre casos específicos.

“El gobierno de Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes aplicaremos”, declaró McLaughlin en un comunicado. “Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”.

La fiscalía penal parece dar seguimiento a la iniciativa que el DHS anunció en febrero, la cual exige que todos los migrantes indocumentados mayores de 14 años en Estados Unidos se registren.

Ese proceso incluye proporcionar sus huellas dactilares y dirección, y los padres o tutores de los menores de 14 años deberán asegurarse de que el menor se registre ante el gobierno.

En el caso de Arizona, el Departamento de Justicia acusó a Eduardo Prado Flores el 17 de abril de no registrarse ante el gobierno federal. El caso, sin embargo, fue desestimado el lunes, según consta en registros judiciales, aunque se desconoce el motivo.